George Santos, el político cuentista del Capitolio

El republicano de Nueva York acusado de inventarse su biografía, llegó finalmente al Capitolio con pinta de estudiante despistado de primero de bachillerato, enfundado en un suéter de color lavanda debajo de su chaqueta azul marino, una mochila negra a cuestas y cara de susto. Un grupo de periodistas le esperaba a la entrada de su despacho, causando la sorpresa de sus vecinos congresistas que no sabían de antemano quién era el nuevo inquilino de la oficina de al lado. El cuentista en serie, George Santos, ahora está siendo investigado por el fiscal general de Nueva York, los fiscales de distrito del condado de Nassau y Queens, y el Gobierno de Brasil. Su primer día en el Congreso empezaba con mal pie con una serie de errores en la Cámara, una perdida épica por los pasillos de Capitolio mientras trataba de evitar a los medios, y un silencio por parte de sus colegas políticos que se alejaban de él por miedo a contagio. Al mediodía, estaba sentado solo en un pasillo en la última fila de la cámara de la Cámara mientras a su alrededor, los miembros electos se abrazaban, besaban, reían y se hacían selfies. Santos, incómodo, alternaba entre mirar su teléfono y echar vistazos rápidos a su alrededor. Cuando se le nombró al pasar lista, alguien le gritó “mentiroso” desde su escaño, y lo hicieron en español.

George Santos

George Santos, de 34 años, resultó elegido el pasado mes de noviembre para representar el tercer distrito de Nueva York, en Long Island. Un periódico local informó que Santos no incluyó ninguna propiedad en sus informes financieros a pesar de afirmar repetidamente que posee mansiones en Oyster Bay Cove y los Hamptons, y ya la directiva de la publicación calificaba a Santos como un hombre “extraño, sin principios e incompleto” que “se jacta como un niño inseguro”. Pese a todo, Santos fue elegido por los votantes, porque en todas partes cuecen habas, sumando un escaño crucial para el partido conservador que necesitaba todo el apoyo posible para hacerse con el control de la Cámara en unas penosas elecciones de medio término para los republicanos en noviembre. El mes pasado, The New York Times denunciaba aparentes fabricaciones en la vida laboral y académica de Santos, quien ni trabajó en Goldman Sachs o Citigroup como ponía en su currículo; ni fue estudiante de Baruch College, ni de la Universidad de Nueva York, de hecho, no tiene ningún título universitario. Incluso su origen étnico, no parece tener ascendencia judía ni ser descendiente de sobrevivientes del Holocausto, como proclamaba, y su afirmación de que los ataques del 11 de septiembre se cobraron la vida de su madre parece ser infundada. No está claro cómo acumuló los cientos de miles de dólares que le dio a su campaña para el Congreso de 2022, solo unos años después de haber sido empleado de un centro de llamadas telefónicas de bajo nivel de la compañía Dish Network y enfrentaba el desalojo de su apartamento alquilado.

Santos admitió las acusaciones, pero sin darles mayor importancia, “si decepcioné a alguien por el embellecimiento de mi currículum, lo siento”, dijo Santos, quien ha negado cualquier acto delictivo, y confirmando sus intenciones de tomar posesión de su puesto como si tal cosa. “No voy a poner excusas por esto, pero muchas personas exageran en sus currículos o los tuercen un poco…” añadió el político.

Mientras los demócratas lo tachan directamente de embustero, algunos republicanos exigen una investigación y rendición de cuentas, aunque otros han asegurado que no ha hecho nada ilegal, estúpido, tal vez, pero no ilegal. Sin embargo, a los pocos días de las revelaciones, los fiscales de Long Island iniciaron la investigación. El Departamento de Justicia también está investigando a Santos. Los fiscales en Brasil están tratando de revivir un cargo de fraude con cheques robados que tiene más de una década. Además, la semana pasada, surgieron irregularidades en los gastos de campaña de Santos, incluidos 40 mil dólares en vuelos y pagos de alquiler que están vinculados a una dirección donde se hospeda, una posible violación de la prohibición de usar los fondos de la campaña para gastos personales

¿Puede el Congreso impedir que asuma el cargo?

El mandato del Congreso anterior finalizó el 3 de enero y no fue hasta última hora del viernes y tras múltiples jornadas de votaciones, que los republicanos consiguieron ponerse de acuerdo en cuanto a quien será su líder, devorados por luchas internas dentro del partido, Kevin McCarthy, representante por California, consiguió por un estrecho margen, y grandes concesiones a los más radicales de su partido, apuntarse el tanto. Ahora que ya la Cámara tiene presidente, Santos está listo para jurar su cargo, sin que en ningún caso se haya planteado públicamente renunciar.

No se puede impedir que Santos preste juramento porque un caso de la Corte Suprema de 1969, Powell v. McCormack, limitó los motivos por los cuales se puede negar un escaño a los representantes electos. No obstante, la expulsión, una vez que ocupe su cargo, es concebible, pero requeriría el voto de dos tercios de la Cámara. Algunos de los compañeros republicanos de Santos tendrían que acceder a expulsarlo. Dada la estrecha mayoría del Partido Republicano, y la posibilidad de que su escaño regrese a los demócratas en una elección especial, es poco probable que el partido siga esa táctica. Una condena penal podría aumentar la presión sobre Santos para que renuncie, pero la decisión sería suya. Además, una condena podría tardar meses o más de un año en dictarse, si alguna vez se presentan cargos.

En ausencia de una expulsión o renuncia, Santos continuaría en su escaño hasta que los votantes vuelvan a las urnas en 2024. En ese caso, podría enfrentar una investigación del Comité de Ética de la Cámara, que está dividido equitativamente entre las partes, pero no podría llevar a cabo la expulsión por sí solo, aunque podría proporcionar castigos menores, como la censura, la reprimenda o una multa.

Más allá de una sanción del Comité de Ética, los republicanos podrían negarle a Santos puestos en el comité u otras ventajas del cargo.

Brasil

Las autoridades policiales brasileñas tienen la intención de reabrir los cargos de fraude contra Santos y buscarán su respuesta formal. El asunto, que surgió de un incidente en 2008 con respecto a un talonario de cheques robado, estuvo suspendido durante la mayor parte de una década porque la policía no consiguió dar con su paradero. La fiscalía de Río de Janeiro anunció su intención de, una vez confirmada la localización de Santos, llevar a cabo una solicitud formal al Departamento de Justicia de EE.UU. para que le notifique los cargos, un paso necesario después de lo cual el caso procederá con o sin él. Presuntamente, Santos acudió a una pequeña tienda de ropa en la ciudad brasileña de Niterói, en las afueras de Río de Janeiro, cuando tenía 19 años. Gastó casi 700 dólares usando un talonario robado y un nombre falso, según muestran los registros judiciales. Santos admitió el fraude ante el dueño de la tienda en agosto de 2009 y escribió en Orkut, un popular sitio web de redes sociales en Brasil: “Sé que me equivoqué, pero quiero pagar”. En 2010, confesó ante la policía que había robado el talonario de un hombre para el que trabajaba su madre y la usó para hacer compras fraudulentas.

Un juez imputó los cargos en septiembre de 2011 y ordenó a Santos que respondiera al caso. Pero para octubre ya estaba en Estados Unidos y trabajaba en Dish Network, en Queens, Nueva York, según muestran los registros de la empresa.

A pesar de sus confesiones anteriores, Santos negó recientemente cualquier participación criminal y dijo al diario The New York Post: “No soy un criminal aquí, ni aquí ni en Brasil ni en ninguna jurisdicción del mundo”. El abogado de Santos confirmó estar en proceso de contratar a un abogado local para abordar la supuesta denuncia contra su cliente.

El próximo paso para los fiscales brasileños es presentar una petición solicitando que Santos responda a los cargos en su contra. Luego, un juez compartiría la solicitud, carta rogatoria, con el Ministerio de Justicia federal de Brasil, y este a su vez con el Departamento de Justicia de EE.UU. Si Santos no presenta una defensa en el caso brasileño, será juzgado en rebeldía. Si es declarado culpable, podría recibir hasta cinco años de prisión, más una multa, pero una condena penal, incluso por un delito grave, no es en sí misma un acto que inhabilitaría a un miembro del Congreso para ocupar un cargo.