Ordenan la demolición de parte de la villa de lujo que levantó la ‘casera de los famosos’ en Ibiza

El Consell d’Eivissa ha ordenado la demolición de una casa de 235 metros cuadrados de superficie y un anexo construidos ilegalmente en la villa de lujo ‘Casa Rocío’, ubicada en una zona protegida del municipio de Sant Josep, según han informado fuentes de la institución. Esta villa de lujo pertenece a Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL, según la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es. Rocío Martín Sánchez figura como administradora única y apoderada, mientras que Francisca Sánchez Ordóñez es apoderada (fue administradora única hasta el 10 de noviembre de 2015).

Francisca Sánchez Ordóñez, quien también se hace llamar Paquita Marsan -una suma del primer apellido de su antiguo marido y del suyo–, es una persona ampliamente conocida en la isla por sus contratiempos con la legalidad urbanística. El 13 septiembre de 2022 el Ajuntament de Sant Josep consiguió finalizar los trabajos de demolición de otra de sus mansiones de lujo, Casa Lola, cuya primera orden de derribo fue dictada en 2011 por el entonces alcalde de Sant Josep -ahora conseller de Vivienda y Movilidad del Govern balear-, Josep Marí Ribas.

Después de la demolición del complejo turístico Casa Lola -esta mansión era usada como alquiler turístico ilegal, según el Consell d’Eivissa-, las instituciones ibicencas tienen en el punto de mira, como mínimo, dos villas más, vinculadas a Francisca Sánchez Ordóñez: Casa Paola (propiedad de Inversiones Hoteleras Faro SL) y Casa Rocío (propiedad de Inmobiliaria y Construcciones Sanor 96 SL). En el caso de la primera, su orden de demolición por parte del Ajuntament de Sant Josep está a la espera de que lo dictamine el juzgado, pues la propiedad ha presentado alegaciones contra el derribo.

En el caso de Casa Rocío, el departamento de Gestión del Territorio del Consell d’Eivissa que dirige el vicepresidente y conseller insular Mariano Juan detectó a finales del año 2021 que en esta mansión se estaban ejecutando obras que consistían en la construcción de una nueva casa sin disponer de la licencia urbanística correspondiente. Por estos hechos, la institución supramunicipal ordenó la paralización inmediata de las obras e incoó expediente de disciplina urbanística.

La promotora incumplió los requerimientos en diversas ocasiones, pese a las continuas inspecciones del SEPRONA de la Guardia Civil y del celador y arquitecto técnico del Consell d’Eivissa, que hicieron constar las presuntas irregularidades en diversos informes. Las multas coercitivas por dichas actuaciones ascienden a los 116.288,23 euros, que ya han sido puestas en conocimiento de la Fiscalía de Eivissa por un posible delito contra la ordenación del territorio.

Una vez instruido y resuelto el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística, la promotora ha presentado voluntariamente un proyecto de demolición ante el Consell Insular que ha sido informado favorablemente, aseguran fuentes de la institución supramunicipal. El Ajuntament de Sant Josep dispone de un mes para comprobar que el proyecto presentado dispone de toda la documentación necesaria y, una vez finalizado el plazo, la empresa dispone de cuatro meses para ejecutar la demolición.