Sin justicia no hay paz

Gilberto Zaraza Arcila

El poder judicial que debe actuar como pilar de la democracia y como garantía jurídica en un Estado de derecho, fue cooptado por los otros poderes perdiendo la autonomía y la independencia. La justicia fue politizada y permeada por la corrupción. Es inoperante, solo actúa por estímulos. Hay carteles desde los juzgados municipales hasta las más altas cortes, como el de la toga. Está al servicio del mejor postor. Por eso el índice de ineficiencia e impunidad es superior al 90%.

La constitución y las leyes solo se cumplen esporádicamente. A pesar que el artículo 228 de la constitución establece que los términos procesales se observaran con diligencia y su incumplimiento será sancionado; el recurso más utilizado por los abogados es dilatar los procesos para lograr el vencimiento de términos. Sin que el vergonzoso Consejo Superior de la Sinverguezura intervenga para sancionar a los funcionarios  que los dejen vencer.

 La Fiscalía General que se creó para investigar los delitos, obtener las pruebas y acusar ante los jueces a los delincuentes, está haciendo todo lo contrario se convirtió en defensora de oficio de los victimarios y acusadora de las víctimas. En aliada de los acusados y en perseguidora de los acusadores. Es una entidad al servicio de  Álvaro Uribe y sus secuaces  y de los   partidos políticos y grupos económicos para garantizarles impunidad. ¿Quien investiga el Prevaricato por acción y omisión de la Fiscalía?

La Justicia y la Fiscalía actúan de manera selectiva, parcializada, clasista y discriminadora. Es estricta y rigurosa con los pobres y débiles, y flexa y complaciente con los ricos y poderosos. Los ejemplos abundan. A Aida Merlano por denunciar las poderosas empresas electoreras dedicadas a la compra de votos y al constreñimiento electoral, la condenaron a 15 años de cárcel. Pero a sus jefes políticos el clan de los Char y el clan de los Gerlein que le compraron los votos para hacerla elegir, lo mismo que a alcaldes, gobernadores y congresistas, ni siquiera les han abierto investigación. El mismo exsenador Roberto Gerlein reconoció públicamente que esas prácticas eran comunes en todo el país y en la mayoría de candidatos.

Por retaliación, la persecución judicial continúa ahora con su hija Aida Victoria a quien condenaron en un fallo vengativo, arbitrario y contraevidente  al parecer a  17 años sin pruebas, por el supuesto  favorecimiento de la fuga de su mamá.  Pero a las poderosas familias que pagaron por su fuga y ordenaron asesinarla para silenciarla, a los directivos del INPEC y  a sus guardianes responsables de su custodia, no los investigan, ni los condenan.

Los hermanos Francisco y Catalina Noguera  integrantes de una acaudalada familia capitalina, por  alterar la escena del crimen, ocultar  y destruir material probatorio  del  infanticidio cometido por su hermano Rafael que secuestró, torturó, violó y asesinó a una niña indígena de 7 años;  fueron declarados inocentes.    

A David Murcia un hombre humilde, por captación ilegal de dinero lo condenaron a 22 años de cárcel, y lo extraditaron a Estados Unidos donde pagó 9 años. En cambio a los directivos de cuello blanco de las elites bogotanas de la firma comisionista Interbolsa, por estafar a los inversionistas, solo a dos los condenaron a 7 años recluidos en sus mansiones y a 12 integrantes más les decretaron la prescripción por vencimiento de términos.

 Luz Piedad Valencia exalcaldesa de Armenia y dueña de una inmensa fortuna, por el robo de más de $22.000 millones de contribución de valorización municipal, sin colaborar con la justicia, ni devolver los dineros sustraídos, solo pagó con 3 años de cárcel por este latrocinio. La ministra Karen Abudinen que permitió el robo de $70.000 millones de pesos,  no ha sido investigada y goza de libertad. El exministro Andrés Felipe Arias por la piñata de Agrorobo seguro nunca ha ido a una cárcel. Varios de sus  subalternos si fueron condenados a  varios años de cárcel.  En cambio a una persona humilde que robe por hambre en una finca o supermercado lo condenan a una pena mayor.

El multimillonario empresario costeño Enrique Vives que conduciendo borracho mató a 6 personas solo le dieron 5 años recluido en sus mansiones. Aduciendo que no es un peligro para la sociedad…, etc.

Para recuperar la confianza y la credibilidad en la justicia y la institucionalidad, es urgente una profunda reforma a la justicia y a la Fiscalía, para despolitizarlas, realizando una minuciosa operación limpieza para sacar a todos los corruptos. El poder judicial tiene que ser integro, independiente y autónomo para que la justicia sea oportuna, eficiente, equitativa, transparente e imparcial. Como lo determina la constitución en el artículo 230, los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley  y el  artículo 13  todos somos iguales ante la ley.

La justicia no puede seguir siendo injusta y tener doble rasero. Tiene que estar al alcance de todos y presencial  para quienes no tengan acceso a la conectividad, ni dominio de la tecnología.

“Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez” Francisco de Quevedo.

Pregunta: ¿Cuándo continúan el juicio contra Álvaro Uribe? Están dejando que venzan los términos.